
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México ejercitó acción penal contra 23 personas por su presunta participación en delitos de despojo, contra la propiedad, extorsión, abuso de autoridad y falsificación de documentos.
Entre los imputados se encuentran tres notarios públicos, nueve servidores públicos estatales y municipales, así como líderes e integrantes de organizaciones sociales y grupos delictivos con presencia en al menos 14 municipios mexiquenses.
¿Por qué se realizaron las detenciones?
Los actos fueron realizados en el contexto de la Operación ‘Restitución’, que forma parte de la ‘Estrategia para la Restitución de la Propiedad’. Esta operación se desarrolla en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, el gobierno del Estado de México y autoridades de la Ciudad de México y Veracruz.
Las investigaciones permitieron identificar que los implicados ocuparon sin derecho legal viviendas, locales comerciales, naves industriales y terrenos.
Para lograrlo, se apoyaron en grupos de choque que actuaban bajo la figura de ‘sindicatos’ y contaban con el aval o complicidad de autoridades locales y estatales. Posteriormente, los inmuebles eran regularizados por notarios públicos que conocían el origen irregular de los bienes.
Durante la última fase de la operación, que abarca del 22 al 30 de mayo, se cumplimentaron 11 órdenes de aprehensión contra líderes de organizaciones como USON, GOPEZ, Unión 300 y/o Los 300, 22 de octubre y Los Gastones. Además, se solicitaron audiencias para formular imputación contra tres notarios, cuatro funcionarios municipales y cinco servidores del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).
¿Quiénes son los detenidos?
Entre los detenidos se encuentra José Carmelo ‘N’, presunto integrante de USON, señalado por su participación en una extorsión cometida en Tecámac. La víctima lo identificó como uno de los sujetos que, en grupo, ingresó a su domicilio y exigió una suma de dinero bajo amenazas.
Otra detenida es Gabriela ‘N’, quien, de acuerdo con la denuncia, ocupó ilegalmente una vivienda en Ecatepec y, junto con otros individuos, amenazó a la propietaria para obligarla a abandonar el inmueble, además de exigirle 30 mil pesos sin devolverle la propiedad.
Ulises ‘N’, Juan Alberto ‘N’ y José Manuel ‘N’, también presuntos integrantes de USON, fueron capturados por su probable participación en otro caso de despojo en Ecatepec, donde un grupo armado obligó al propietario a dejar su casa.
El 29 de mayo fue detenida Daniela ‘N’ por el delito de cohecho y es investigada por su posible implicación en actividades de extorsión y despojo.
Las autoridades también detuvieron a integrantes de la organización GOPEZ, identificada por realizar despojos mediante supuestos alertamientos policiales avalados por la administración anterior de Ecatepec.
En uno de los casos, tras la intervención de los policías, los domicilios eran entregados a integrantes del grupo, mientras que los legítimos propietarios eran detenidos.
Hugo Francisco ‘N’, arrestado en Veracruz el 23 de mayo, es otro de los implicados. De acuerdo con la indagatoria, habría exigido dinero a una víctima para devolverle su propiedad, luego de haberla acusado falsamente ante policías municipales para despojarla del inmueble.
Luis ‘N’, alias El Conejo, fue aprehendido el 9 de marzo en Veracruz. Es señalado como líder de Unión 300 y/o Los 300, grupo acusado de extorsión, homicidio y tráfico de drogas en Ecatepec, Tecámac y Zumpango. Tras su detención, Alberto Eduardo ‘N’ habría asumido el control de las actividades del grupo; fue arrestado el 29 de mayo en Ecatepec.
El 26 de mayo se ejecutó una orden de aprehensión contra Lourdes Yohana ‘N’ y Víctor Heladio ‘N’, alias El Taz, del Sindicato 22 de octubre. Según la Fiscalía, ingresaron de forma violenta a una vivienda en Chalco. Durante el hecho, dos de sus cómplices murieron tras ser enfrentados por los habitantes del lugar.
Brandon Salvador ‘N’, alias El Gastoncito, presunto líder de Los Gastones, fue detenido el 3 de mayo. Se le acusa de exigir pagos mensuales a una mujer bajo amenazas, con el argumento de brindar “protección”. También enfrenta cargos por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.