Elección del Poder Judicial en México desata tormenta política y reclamos de autoritarismo
José Ignacio Santiago Martínez 
La primera elección abierta de jueces y magistrados en México, realizada en 2025, se ha convertido en uno de los episodios más polémicos de la vida pública reciente. Lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó como un “ejercicio histórico de democratización del Poder Judicial” hoy está bajo la lupa de juristas, opositores y ciudadanos que denuncian graves irregularidades.
Votación marcada por apatía y dudas
Con apenas un 17% de participación ciudadana, el proceso arrancó con un fuerte cuestionamiento: ¿puede una minoría tan reducida legitimar un cambio estructural en el Poder Judicial? Para la oposición, la cifra confirma que el proyecto carece de respaldo popular, mientras que simpatizantes de la 4T defienden que lo importante no es la cantidad, sino haber abierto el proceso al voto ciudadano.
Denuncias de irregularidades
Organizaciones civiles reportaron boletas amañadas, candidatos con antecedentes penales e incluso testimonios sobre la entrega de “acordeones” distribuidos por operadores de Morena para guiar el voto hacia perfiles afines al oficialismo. Estos señalamientos han encendido las alarmas sobre la transparencia y la credibilidad del proceso.
Choque de poderes
La reforma judicial que permitió la elección directa de jueces ha generado un choque institucional entre el Senado y la Suprema Corte de Justicia, pues varios ministros advierten que se vulnera la división de poderes y la autonomía judicial. Desde la Corte se han lanzado advertencias de “crisis constitucional”, mientras en el Congreso oficialistas celebran lo que llaman un “acto democrático sin precedentes”.
Reclamos contra Sheinbaum
Las críticas no se han limitado al Poder Judicial. En las calles y en redes sociales ha crecido un movimiento que exige la revocación del mandato de la presidenta Sheinbaum, acusándola de instalar un régimen totalitario disfrazado de democracia. Para sus detractores, este experimento electoral no busca fortalecer al pueblo, sino consolidar un control político absoluto sobre la justicia mexicana.
Una democracia en entredicho
Mientras tanto, académicos y analistas advierten que lo ocurrido podría sentar un precedente peligroso: “Cuando la justicia se elige como si fueran cargos políticos, se pierde la imparcialidad. Hoy se votó por jueces, mañana quizá se vote por fiscales, y poco a poco se diluye el contrapeso institucional”, señalan.
Lo cierto es que el proceso ha dejado más preguntas que certezas:
¿Fue un paso hacia una justicia más cercana a la ciudadanía?
¿O un ensayo de control político que erosiona la democracia mexicana?
