José Ignacio Santiago Martínez 
INE debe aclarar 6.2 mdp pagados a ocho prestadores de servicios
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta observaciones por 6 millones 279 mil 956 pesos correspondientes a honorarios pagados a ocho prestadores de servicios cuyos trabajos no pudieron ser acreditados documentalmente ante el Órgano Interno de Control (OIC).
Los pagos fueron realizados entre enero de 2023 y septiembre de 2025, periodo que incluye parte de la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del organismo electoral. La consejera presidenta asumió el cargo en abril de 2023, por lo que los pagos señalados comenzaron algunos meses antes de su llegada a la Presidencia del INE.
De acuerdo con la información derivada de la auditoría, los ocho prestadores estaban adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE).
Más de 5.6 millones corresponden a la Administración
Cuatro de los trabajadores pertenecían a la Dirección Ejecutiva de Administración. Entre las funciones que tenían asignadas se encontraban actividades de consultoría técnica y funcional, desarrollo y coordinación de proyectos relacionados con sistemas y procesos administrativos.
En estos casos, el OIC identificó un monto de 5 millones 606 mil 725 pesos sujeto a aclaración. Los pagos netos quincenales de estos prestadores se ubicaban aproximadamente entre 22 mil y 47 mil pesos.
Los otros cuatro prestadores estaban adscritos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, donde desempeñaban actividades vinculadas con gestión documental, información jurídica, revisión documental registral y liderazgo de proyectos.
Para este segundo grupo, el monto observado ascendió a 673 mil 231 pesos.
En conjunto, las observaciones alcanzaron los 6 millones 279 mil 956 pesos, cantidad que el instituto debía aclarar ante el órgano de control.
El problema: la falta de documentación
La principal observación de la auditoría no consiste necesariamente en que los ocho trabajadores no hayan realizado ninguna actividad, sino en que el INE no presentó los informes y evidencias suficientes para acreditar documentalmente el cumplimiento de los servicios contratados conforme a las reglas aplicables a los honorarios permanentes.
En particular, el OIC señaló deficiencias en la supervisión de algunos prestadores y la falta de los informes de actividades requeridos para respaldar los pagos efectuados.
Esto resulta relevante debido a que el propio INE contempla formalmente un régimen de honorarios permanentes dentro de su estructura laboral. Para 2025, el organismo tenía previstas mil 432 plazas bajo este esquema, con un presupuesto superior a 9 mil 427 millones de pesos.
El instituto también ha establecido medidas de racionalidad presupuestaria para este tipo de contrataciones y reconoce que las plazas de honorarios permanentes forman parte de su operación institucional.
Auditoría concluyó en enero de 2026
La revisión del Órgano Interno de Control concluyó el 30 de enero de 2026. Los pagos observados continuaron hasta septiembre de 2025, de acuerdo con los reportes derivados de la auditoría.
La información ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión utilizados para comprobar las actividades realizadas por personal contratado bajo el régimen de honorarios.
El caso también ocurre en un momento en que el INE mantiene una discusión interna sobre la contratación y permanencia de este tipo de personal. Durante la discusión presupuestal para 2026, consejeros electorales señalaron la necesidad de dar mayor estabilidad a quienes ocupan plazas de honorarios permanentes y realizan funciones sustantivas dentro del instituto.
Por ahora, la observación implica que el INE debe aclarar y documentar el destino de los recursos señalados por el OIC. La auditoría, de acuerdo con los reportes consultados, no establece que todos los servicios cuestionados hayan sido inexistentes, sino que no fueron acreditados conforme a los requisitos documentales correspondientes.
