José Ignacio Santiago Martínez 
El uso de drones por parte de grupos delictivos se ha convertido en un desafío creciente para las autoridades mexicanas, mientras especialistas advierten sobre las limitaciones existentes para detectar, identificar y neutralizar estas aeronaves.
De acuerdo con un análisis publicado por El Universal, el crimen organizado ha ampliado el uso de drones durante la última década: inicialmente fueron empleados principalmente para labores de vigilancia y posteriormente comenzaron a utilizarse para transportar drogas y realizar ataques con explosivos.
Uno de los principales problemas señalados por especialistas es la dificultad para controlar la comercialización de estos dispositivos. Los drones pueden adquirirse mediante plataformas digitales y, según los expertos consultados por el medio, todavía existen deficiencias en los mecanismos de registro e identificación de las aeronaves.
El uso criminal de drones ha aumentado
La evolución de esta tecnología también puede observarse en los registros de aseguramientos. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional citados por El Universal indican que durante 2025 fueron asegurados 85 vehículos aéreos no tripulados relacionados con actividades delictivas, frente a 12 unidades decomisadas en 2024.
Michoacán y Sinaloa estuvieron entre las entidades con mayor número de aseguramientos durante 2025.
Los especialistas señalan que los drones representan una ventaja para las organizaciones criminales porque permiten realizar labores de vigilancia a distancia y, en determinados casos, transportar objetos sin exponer directamente a sus integrantes.
México sí cuenta con capacidades antidrones
Aunque especialistas consultados por El Universal cuestionan la capacidad general del Estado para enfrentar esta amenaza, existen operaciones recientes en las que las Fuerzas Armadas mexicanas han utilizado tecnología para detectar e inhibir drones.
En la frontera de Tijuana, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional informó recientemente sobre la desactivación de un dron utilizado presuntamente para vigilar rutas de tráfico de personas. La acción se realizó dentro de la operación binacional Águila Alta, que incluye patrullajes y equipos antidrones.
Estados Unidos también ha empleado sistemas de energía dirigida para enfrentar aeronaves no tripuladas vinculadas presuntamente con actividades de organizaciones criminales en la zona fronteriza.
El reto, por lo tanto, no se limita a disponer de equipos específicos, sino a ampliar las capacidades de detección, identificación, seguimiento y respuesta frente a un fenómeno que evoluciona rápidamente.
Una tecnología que también plantea desafíos legales
En México existen reformas legales aprobadas en 2023 relacionadas con el uso de aeronaves no tripuladas para actividades criminales. Estas contemplan sanciones severas cuando los drones son utilizados para atacar a personas o autoridades, transportar drogas o cometer otros delitos.
Sin embargo, especialistas citados por El Universal consideran que las disposiciones legales no han sido suficientes para detener la expansión de este tipo de tecnología en manos de grupos criminales.
El desafío combina así distintos factores: regulación de la venta, identificación de aeronaves, capacidad tecnológica, capacitación de las autoridades y coordinación entre instituciones.
Mientras los drones comerciales continúan evolucionando, las autoridades enfrentan el reto de desarrollar mecanismos que permitan detectar oportunamente aquellos utilizados con fines ilícitos sin afectar el uso legítimo de estas aeronaves.
