José Ignacio Santiago Martínez 
Un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete presuntos implicados en una investigación por delincuencia organizada y contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal. Como medida cautelar, los imputados fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 «Altiplano», en el Estado de México, mientras continúa el proceso penal.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Ruffo Appel estaría relacionado con una red dedicada al ingreso ilegal de combustibles al país mediante operaciones de contrabando y evasión fiscal. La investigación señala presuntos vínculos con la empresa Ingemar, que habría participado en el almacenamiento y manejo de millones de litros de hidrocarburo asegurados durante operativos realizados en 2025.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó un amplio conjunto de pruebas para sustentar la solicitud de la medida cautelar, argumentando riesgos procesales y la gravedad de los delitos imputados. La defensa del exmandatario rechazó las acusaciones y aseguró que demostrará su inocencia conforme avance el proceso judicial.
La audiencia de imputación se prolongó durante varias horas debido a la presentación de pruebas y argumentos por parte de ambas partes. Al concluir esta etapa, la jueza determinó que los imputados deberán permanecer recluidos en el penal federal mientras se resuelve su situación jurídica.
Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México al ganar la gubernatura de Baja California en 1989 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN). Su detención y posterior envío al Altiplano ha generado reacciones encontradas entre actores políticos, algunos de los cuales consideran que el proceso responde únicamente a la aplicación de la ley, mientras otros han señalado un posible trasfondo político.
La investigación por presunto huachicol fiscal continúa abierta y la FGR busca determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en la presunta red de contrabando de combustibles.
