José Ignacio Santiago Martínez 
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la reforma constitucional que establece restricciones al nepotismo electoral y afirmó que esta práctica “le hace mucho daño al país”.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria sostuvo que los cargos de elección popular no deberían convertirse en posiciones que pasen de un familiar a otro de manera inmediata.
La reforma constitucional en materia de no reelección y nepotismo electoral fue publicada en marzo de 2025 y establece que las nuevas restricciones serán aplicables a los procesos electorales federales y locales que se celebren en 2030.
¿Qué establece la reforma?
Las modificaciones a los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución establecen restricciones para quienes pretendan competir por un cargo de elección popular cuando exista un vínculo familiar con la persona que ocupa el puesto.
La disposición contempla vínculos de matrimonio, concubinato o unión de hecho, así como parentescos por consanguinidad o vía civil en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado.
De esta manera, la intención de la reforma es impedir que una persona pueda suceder inmediatamente a un familiar en determinados cargos de elección popular.
Sheinbaum cuestiona la sucesión familiar
Sheinbaum ha señalado que no está de acuerdo con que una persona que ocupa un cargo público sea sucedida por un familiar cercano.
La presidenta recordó que la propuesta originalmente planteaba que la prohibición entrara en vigor desde 2027, pero durante el proceso legislativo se estableció que las nuevas disposiciones serían aplicables a partir de las elecciones de 2030.
La mandataria también ha expresado su desacuerdo con que las reglas de paridad de género sean utilizadas para justificar la sustitución de un funcionario por un familiar.
La prohibición comenzará en 2030
El régimen transitorio de la reforma establece que las disposiciones relacionadas con el nepotismo electoral serán aplicables a partir de los procesos electorales de 2030. Esto significa que las restricciones no tendrán aplicación general inmediata, sino que entrarán en vigor conforme al calendario establecido en la propia reforma constitucional.
El tema ha generado debate entre las distintas fuerzas políticas, particularmente por el periodo de transición entre la aprobación de la reforma y su entrada en vigor.
Con esta modificación constitucional, el Congreso estableció un nuevo requisito para quienes busquen acceder a cargos de elección popular, con el objetivo de limitar la sucesión inmediata de puestos entre familiares.
