José Ignacio Santiago Martínez Motín en penal de Mazatlán deja 10 muertos y 16 heridos
Un enfrentamiento armado registrado el jueves 8 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 16 lesionadas, de acuerdo con información difundida por autoridades estatales.
Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad que estaba en el centro penitenciario durante una visita familiar. Los hechos provocaron la movilización de corporaciones de seguridad y la intervención de fuerzas federales y estatales para controlar la situación.
La confrontación habría comenzado como una riña entre un grupo reducido de personas privadas de la libertad y posteriormente escaló hasta convertirse en un enfrentamiento armado que se prolongó aproximadamente una hora, según el análisis difundido por Imagen Radio.
Analista señala presunto autogobierno en las cárceles
Tras los hechos, el analista sinaloense Juan Ordorica consideró que el motín evidencia problemas de control institucional dentro de los centros penitenciarios del estado.
Durante una entrevista con Pascal Beltrán del Río, Ordorica sostuvo que grupos criminales ejercen influencia al interior de las prisiones y advirtió sobre la presencia de armas dentro del penal, pese a las medidas de seguridad que deberían impedir su ingreso y circulación.
El especialista también cuestionó el tiempo que tardaron las autoridades en informar a la población sobre lo ocurrido y señaló que las condiciones laborales de los custodios representan otro desafío para la seguridad penitenciaria.
Estas declaraciones corresponden al análisis del especialista y no constituyen, por sí mismas, una conclusión oficial sobre las responsabilidades por el enfrentamiento.
Propone revisar la seguridad y administración de los penales
Ordorica planteó la necesidad de revisar el modelo de administración de las cárceles de Sinaloa. Entre sus propuestas mencionó separar a los grupos rivales, fortalecer los controles internos y valorar que los centros penitenciarios estatales pasen a una administración federal.
También señaló que la identificación de las personas vinculadas con distintas facciones criminales y los procedimientos jurídicos pueden dificultar la separación de los grupos enfrentados.
El analista consideró que cualquier modificación al sistema penitenciario debe tomar en cuenta los recursos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de seguridad para las personas privadas de la libertad y el personal de custodia.
Autoridades investigan los hechos
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se investigarán las causas de las muertes y que el Gabinete de Seguridad participa en la atención del caso, en coordinación con el gobierno de Sinaloa.
Las autoridades deberán esclarecer cómo comenzó el enfrentamiento, de qué manera ingresaron o se encontraban las armas dentro del penal y si existieron omisiones en los protocolos de vigilancia.
El caso vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de seguridad y gobernabilidad en los centros penitenciarios, así como la necesidad de establecer responsabilidades a partir de las investigaciones oficiales.
Fuente: Imagen Radio, La Jornada y N+.
